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Colombia: terror y agronegocio para desplazar y encubrir
El modelo agrario requiere de grandes extensiones de tierra, que los empresarios decidieron conseguir por medio del despojo. Quienes padecen las consecuencias no son sólo los campesinos expulsados de sus tierras, sino sus acompañantes y los periodistas que documentan.
Colombia. El despojo violento para intereses del agronegocio y el terror para encubrir la documentación y denuncia de estos casos, son componentes sistemáticos del modelo agrario que se implementa en Colombia y en el continente. Según lo informan El Espectador y la FLIP en dos artículos anexos, tanto los miembros de la misión y de la comunidad despojada como el periodista Federico Bruno, fueron atacados a bala por sicarios. Federico grabó las imágenes de este ataque.
No se trata de un caso aislado. El día 3 de diciembre, una comisión humanitaria y periodística integrada por 10 personas entre quienes se encontraba
el periodista y documentalista Federico Bruno, visitó la vereda de Pitalito en el Departamento del César, al nororiente de Colombia, para documentar la situación en la que se encuentran las 38 familias violentamente despojadas por paramilitares al servicio del palmicultor y terrateniente Juan Manuel Fernández de Castro. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado- MOVICE, acompañaba a esta comunidad luego de que sus integrantes retornaran a las tierras de las que habían sido despojados de manera ilegal y brutal. Según lo advirtió recurrentemente el MOVICE, el empresario Fernández de Castro, quien ya los había desalojado en el 2010, estaba decidido a despojarnos de nuevo. Así ocurrió el viernes 25 de octubre de 2013.
Denuncian amenazas y disparos contra comunidad de desplazados
Hombres armados amenazaron y dispararon contra una comunidad reclamante de tierras usurpadas por paramilitares y empresarios en el norte de Colombia, tal como denunciaron este miércoles sus acompañantes, entre ellos un abogado, defensores de los derechos humanos y un equipo periodístico.
El periodista independiente italiano Bruno Federico explicó que los hechos sucedieron el martes en la vereda de Pitalito, en el municipio de Curumaní, que pertenece departamento del Cesar, e indicó que aunque nadie resultó herido, la comunidad corre peligro.
El equipo periodístico y humanitario viajó hasta ese punto para documentar la situación de esta comunidad de 30 familias y un centenar de personas, que han sido desplazados de sus tierras en al menos dos ocasiones, cuando aparecieron dos supuestos trabajadores del terrateniente y palmicultor Juan Manuel Fernández de Castro.
Fernández de Castro es un empresario de palma africana con un poder consolidado en el Cesar que sostiene un conflicto con la comunidad de Pitalito por la tenencia de la tierra.
“Fuimos donde tenían sus cultivos desalojados por la fuerza pública cuando llegan estos dos tipos, primero amenazan a dos personas de la comunidad y después amenazan al abogado (que les acompañaban). Como no se iban hicieron dos disparos a 20 centímetros de la llanta de nuestro vehículo”, relató el periodista.
Después, los campesinos y el equipo acompañante salieron corriendo pero los hombres volvieron a disparar en dos ocasiones más, una de ellas contra Federico, que no dejó de grabar la escena y que resultó ileso.
“Es una comunidad que está desplazada y tiene el derecho de volver a su tierra pero no puede porque se la conquistó un beneficiario por el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS, 2005)”, un escandaloso plan del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) que otorgó ayudas a acaudalados empresarios del campo colombiano.
Tras regresar a su territorio en los primeros años de la década del 2000, la comunidad fue de nuevo desplazada, en esta ocasión al parecer por los hombres de Fernández de Castro. “Ahora la comunidad se encuentra desplazada sin asistencia del Estado”, denunció Federico.
La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazaron los hechos en un comunicado conjunto posterior a la denuncia. Estas organizaciones rechazaron “este tipo de atentados que son una clara violación a la libertad de prensa” e hicieron “un llamado a las autoridades para que ofrezcan todas las garantías a este tipo de cubrimiento periodístico”, para que se investiguen estos ataques y se refuerce la protección a las víctimas del despojo.
“Se trata de asuntos que resultan prioritarios en la agenda nacional y que según ha podido registrar la FLIP, han estado ausentes en buena parte de los medios de comunicación regionales”, agregó el comunicado.
Autor: Agencia EFE
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